Inclusive policies in performing arts: a case study of Chile's approach to disability

Javier Reyes-Martínez, Jesús Heredia- Carroza, Julie Berubé & Diego Acosta-Gijón

Palabras clave: Políticas Culturales Inclusivas; Políticas Públicas; Discapacidades; Artes Escénicas; Chile

En la última década, teatros, salas de conciertos y centros culturales chilenos han adoptado un discurso inclusivo, pero las personas con discapacidad siguen participando mucho menos en las artes escénicas. El artículo “Inclusive policies in performing arts: a case study of Chile's approach to disability” aporta la primera radiografía cuantitativa nacional y confirma que la brecha persiste pese al marco normativo. Su pregunta guía indaga si existen diferencias sistemáticas en la asistencia a teatro, danza, ópera, música en vivo, conciertos clásicos, circo y espectáculos callejeros según la condición de discapacidad. Para responder, analiza los microdatos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 (12 151 entrevistas urbanas) mediante modelos de regresión logística ponderados que controlan edad, sexo, educación, nivel socioeconómico y capital social, atribuyendo las diferencias específicamente a la variable discapacidad.

Los resultados ponen de relieve brechas considerables. Solo el 5 % de las personas que declaran una discapacidad asistió al teatro en los doce meses previos, frente al 12 % de la población sin discapacidad. En danza, la diferencia alcanza ocho puntos porcentuales (13 % frente a 22 %); en música en vivo, dieciséis puntos (13 % frente a 29 %). Aun en espectáculos callejeros, modalidad gratuita y de fácil acceso relativo, se observa una distancia de 19 puntos (65 % frente a 84 %). Estas brechas no son triviales, mostrándonos que, incluso ante una disminución de las barreas económicas, siguen persistiendo obstáculos de otra índole — arquitectónicos, informativos o de actitud— que limitan la participación.

El análisis multivariante confirma la relevancia independiente de la discapacidad. Declarar una discapacidad física se asocia con una reducción del 54 % en la probabilidad de asistir al teatro y con un 33% menos de probabilidad de acudir a espectáculos callejeros. La discapacidad auditiva implica un 59 % menos de probabilidad de presenciar espectáculos callejeros, mientras que la discapacidad intelectual se relaciona con una disminución del 79 % en la asistencia a danza. En el caso de la discapacidad visual, la probabilidad de asistir a conciertos de música clásica desciende un 63 %. Estos efectos permanecen a pesar de la introducción de los controles mencionados , así como al introducir modelos alternativos con interacciones y variables de contexto regional, lo que demuestra que la discapacidad constituye un obstáculo específico, no explicable solo por la posición socioeconómica o educativa de los individuos.

Para una contextualización más precisa de las brechas observadas, el artículo adopta un marco analítico que identifica cinco tipos de barreras: normativa, financiera, actitudinal, arquitectónica y de participación. Este enfoque permite desagregar los distintos niveles en los que opera la exclusión y evitar conclusiones simplistas. En el plano normativo, se destaca que, aunque Chile ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y promulgó la Ley 20.422, trasladar estos compromisos a estándares verificables sigue siendo muy irregular en el espacio y tiempo y, en ocasiones, meramente declarativa.

Desde la óptica financiera, permanecen vigentes tanto los costos directos —precio de las entradas, transporte adaptado— como los indirectos —acompañantes, tiempos de desplazamiento y ausencia de servicios de apoyo—, los cuales se incrementan cuando la oferta cultural se concentra en zonas de alto valor del suelo. A ello se suma una dimensión actitudinal que abarca prejuicios, expectativas paternalistas y escasa formación del personal en accesibilidad. Las barreras arquitectónicas incluyen no solo la falta de rampas y señalética táctil, sino también la disposición de butacas, la iluminación y la acústica. Finalmente, la investigación subraya la carencia de mecanismos de consulta sistemática con organizaciones de personas con discapacidad, lo que limita una adecuación de la demanda a sus necesidades, así como refuerza la distancia entre oferta y demanda.

La investigación también señala que la clase social modula la participación: pertenecer al quintil de mayores ingresos multiplica por 2,75 la probabilidad de asistir al teatro respecto al quintil inferior. De este modo, la estratificación económica y la discapacidad interactúan, generando barreras acumulativas.

En materia de políticas, los autores plantean varias líneas de actuación: revisar y reforzar los mecanismos de fiscalización normativa; introducir instrumentos de ticketing solidario y subvenciones destinadas a mejoras de accesibilidad (rampas, señalética táctil, subtitulado, audiodescripción); ofrecer formación específica al personal de salas y compañías; y establecer procesos de consulta regular con organizaciones de personas con discapacidad, acompañados de evaluaciones periódicas.

Más allá de las recomendaciones concretas, el estudio subraya que la participación cultural puede entenderse como un derecho ciudadano cuya efectividad depende de la interacción entre diseño normativo, recursos financieros y prácticas de gestión cultural. La evidencia presentada sugiere que la reducción de las brechas identificadas requiere intervenciones simultáneas en estos frentes, orientadas tanto a la accesibilidad física como a la simbólica.

Reyes-Martínez, J., Heredia-Carroza, J., Bérubé, J., & Acosta-Gijón,

D. (2025). Inclusive policies in performing arts: a case study of Chile's approach to disability. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1-16. https://doi.org/10.1080/19407963.2025.2468509